La abogada de ONG FIMA se refirió a la reciente publicación de un estudio de caso sobre la desalinización en la comuna de Antofagasta, destacando las deficiencias normativas actuales en el país frente al crecimiento de esta industria.

En el contexto actual de crisis hídrica, la desalinización se ha presentado como una solución rápida, pero la falta de una regulación específica genera incertidumbres tanto jurídicas como ambientales. La experta señaló que el marco legal existente es insuficiente para gestionar los impactos acumulativos de las plantas desalinizadoras en los ecosistemas costeros.

El estudio aborda cómo la carencia de instrumentos de planificación territorial y de gestión de residuos de salmuera plantea desafíos críticos para las comunidades locales y la biodiversidad marina.