Por Eduardo Torres Lara
Hoy, por primera vez en la historia de Chile se están incorporando a la discusión política conceptos como sustentabilidad, ecología y medio ambiente, llegando incluso a acuñarse el término de “Constitución Ecología” en medio del trabajo que desarrolla la Convención Constitucional. En este proceso se han presentado diversas propuestas de norma que tienen una visión ambiental del desarrollo y la configuración política. Algunas buscan remediar años de contaminación en los que el principal garante de la polución ha sido el propio Estado. Otras normas apuntan a terminar con un modelo de desarrollo extractivista reconociendo los derechos de la naturaleza. En el debate público actual, todo aquello que antaño era propio y casi exclusivo de la discusión ecológica- ambiental, hoy es parte sustancial.
En gran medida, este debate se abrió por una histórica manifestación ciudadana, proceso de manifestación popular que exigió un cambio radical y profundo en el país. Las reformas a medias y la justicia en la medida de lo posible ya no son toleradas. El principal detractor de estos cambios ha sido un grupo minoritario, pero que concentra el poder económico (y hasta hace poco político).
Este grupo, atrincherado en diversas agrupaciones, como la Confederación de la Producción y del Comercio (el nombre suena a la época del imperialismo) y sus empresas asociadas, han sido responsables de graves daños ambientales, como el desastre del río Cruces durante el año 2004, donde la Planta de Celulosa Valdivia, de propiedad de Arauco (perteneciente al Grupo Angelini), fue condenada por el daño ambiental causado en el Santuario de la Naturaleza del río Cruces. Diez años después, la misma planta de celulosa derramó 27,1 metros cúbicos de licor verde, un residuo químico, en el mismo río. En esa ocasión, fueron formalizados cinco ejecutivos.
Hoy, el golfo de Arauco se ve afectado por una nueva emergencia ambiental. El día 12 de enero de 2022, un grupo de pescadores de Laraquete inició una protesta acusando a Celulosa Arauco de contaminar la bahía con residuos tóxicos vertidos al mar. Se mostraron registros fotográficos que evidencian una gran mancha negra que se encuentra frente al emisario de la planta de celulosa.
Y a fines del mismo mes, el 27 de enero, diversas agrupaciones ambientales y ciudadanos que residen o visitan el golfo de Arauco, sobre todo las turísticas bahías de Arauco, Laraquete, Colcura y Lota, alertaron sobre la presencia de fauna muerta -entre ellas un chungungo, especie catalogada en peligro de extinción-, y una extraña coloración amarilla de las aguas. Los alcaldes de Lota y Coronel recomendaron a la población no ingresar a las playas, ya que se desconoce el origen de esta contaminación. Extraño resulta que ni la Armada ni los otros organismos estatales encargados de vigilar el litoral hayan sido capaces de detectar este y otros episodios de contaminación. Una vez más, son los ciudadanos quienes denunciaron estos hechos.
A días de ocurrido este evento, la autoridad sanitaria determinó que, en base a muestreos de agua, se trata de un evento natural que no tiene relación alguna con la producción de la empresa celulosa Arauco, aunque a estas alturas resulta ineludible pensar que luego de años vertiendo productos de diferente tipo al medioambiente no exista relación alguna con este último episodio. Dentro de todo lo que se vierte al mar se encuentran nutrientes que en altas concentraciones favorecen la aparición de algas, que fue lo que determinó la autoridad sanitaria.
Sin embargo, según la tesis de Josselyn Contreras Rojas (2017) para optar al título de geofísica de la Universidad de Concepción, los contaminantes no salen del golfo de Arauco, sino que solo dejan de circular, asentándose en la zona costera del sistema. Las zonas de mayor impacto corresponden a Coronel Norte, Coronel Sur y Lota.
Si se llegase a demostrar este tipo de relación, los responsables ya están identificados: la planta de celulosa. De ser así, estaríamos no solo en presencia de un delito ambiental; también reforzaría la obsolescencia del modelo defendido por la elite económica, donde la contaminación representa un mal menor, una simple externalidad frente al empleo y el desarrollo generado por la industria.
