Por Rodrigo Cienfuegos Carrasco
CIGIDEN
El último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas, dado a conocer en septiembre de 2021, da cuenta de un importante aumento de desastres socionaturales, especialmente aquellos asociados a fenómenos climáticos. Las estadísticas recopiladas muestran que los eventos climáticos que han provocado 10 o más muertes, afectado a 100 o más personas, requerido una declaración de estado de emergencia o una solicitud de ayuda internacional, se han quintuplicado en los últimos 50 años a nivel global.
En Chile, en tanto, la tasa de ocurrencia de desastres por inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando en promedio de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX, a más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Los impactos asociados a las marejadas, olas de calor e incendios, también han aumentado debido al cambio climático (ver los cambios de pendiente en las curvas de la Figura 1).
Si bien en el mismo periodo el número de fallecidos por desastres se ha logrado controlar, en gran medida gracias a la investigación científica y los avances tecnológicos que han permitido implementar sistemas de alerta temprana y mejorar el manejo de la información y la comunicación de riesgo, el aumento en frecuencia de eventos de clima extremo está produciendo impactos reales y dramáticos en la vida cotidiana de millones de personas en Chile y el mundo. Fenómenos que están además profundizando la desigualdad y generando una carga sociopolítica cada vez más difícil de manejar para los gobiernos.
Los desastres NO son naturales, son una consecuencia evitable –o al menos mitigable– de la interacción entre amenazas (naturales o antrópicas) con otras dos dimensiones que podemos controlar a través de decisiones individuales y de política pública: la exposición y la vulnerabilidad. A diferencia de los terremotos, que pueden afectar a todo el territorio nacional y cuyos impactos han sido controlados a través de exigentes normativas de construcción que reducen la vulnerabilidad física de las edificaciones, la reducción del riesgo asociado a inundaciones requiere de soluciones locales y descentralizadas. El impacto de tsunamis, marejadas o aluviones, por ejemplo, puede reducirse significativamente reconociendo las funciones de mitigación de inundaciones que proveen las planicies fluviales, humedales, dunas y playas, favoreciendo su conservación al mismo tiempo que se reduce nuestra exposición a través de la planificación urbana y territorial. Estos sistemas naturales son verdaderas fuentes de resiliencia y deben ser valorizadas como infraestructura verde para reducir el riesgo de desastres, y a la vez mitigar y adaptarnos al cambio climático.
Por otro lado, mejorar la educación, reducir la pobreza y las diferencias de acceso a bienes y servicios básicos –en definitiva, un mejor sistema de seguridad social- permitirá disminuir las vulnerabilidades sociales y formas desiguales en que estas amenazas impactan a distintos sectores de la sociedad.
Chile es uno de los países más golpeado por los desastres a nivel mundial, como da cuenta la estadística de pérdidas económicas entre los años 2000 y 2019. En ese periodo, el país perdió anualmente en promedio 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) debido a las consecuencias de los desastres (ver Figura 2). Estas cifras justifican largamente invertir en reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia, y así controlar esta enorme carga que se acumula año a año.
El marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres firmado por nuestro país el 2015 va de la mano de otros acuerdos promovidos bajo el alero de las Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático, mejorar el acceso a financiamiento para países en vías de desarrollo, y alcanzar las metas de desarrollo sostenible con miras al 2030. Se reconoce ahí que los Estados tienen un rol insustituible para reducir el riesgo de desastres, pero éstos deben generar condiciones para que este objetivo sea compartido transversalmente por la sociedad, incorporando al sector privado, gobiernos locales, y sociedad civil. La recientemente aprobada Ley que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres es un buen paso adelante. Será clave complementar este cuerpo legal con la Ley Marco de Cambio Climático que se discute en el congreso. La reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático son desafíos transversales, urgentes e ineludibles.
Biografía
Rodrigo Cienfuegos es director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Civil Hidráulico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster y Doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble (Francia), su área de investigación principal ha contribuido al entendimiento y modelamiento de los procesos físicos de propagación de oleaje y tsunamis, y su interacción con entornos naturales y construidos.
Los últimos 6 años se ha desempeñado como director de CIGIDEN, Centro de Excelencia FONDAP de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), donde realiza investigación interdisciplinaria para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.
