Por César Astete y Liesbeth van der Meer
Oceana Chile
Para todas y todos quienes hemos seguido desde cerca la tramitación del proyecto minero portuario Dominga, ya casi no nos sorprenden los privilegios y las oportunidades entregadas a una minera que desde un inicio presentó un Estudio de Impacto Ambiental deficiente. Desde entonces, han pasado ocho años y aún sigue flotando.
Solo para recordar un hecho: el exfiscal Carlos Gajardo relató –en una entrevista televisiva– cómo en el primer Gobierno del presidente Sebastián Piñera el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, recibió pagos de uno de los controladores de este proyecto minero.
Este miércoles 11 de agosto del 2021 la historia continúa, cuatro años después de que los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo denunciaran presiones de parte del nivel central para recomendar la aprobación del proyecto.
Desde que asumieron los delegados presidenciales el 14 de julio de este año, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo ha sesionado solo una vez. Para este miércoles 11 de agosto se citó a una sesión extraordinaria cuyo único objetivo es votar el Estudio de Impacto Ambiental de Minera Dominga, pero que en la práctica no tiene ningún sentido, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema que podrían anular cualquier resolución.
¿Por qué un proyecto con recursos judiciales pendientes en la Corte Suprema tiene tanta prioridad? ¿Cuáles son los criterios establecidos para que se ponga en tabla este cuestionado proyecto?
Cuesta entender las razones. Sin embargo, el centralismo, los conflictos de intereses y las influencias podrían ser algunas de ellas.
El periodista Daniel Matamala indicaba, en la emisión del pasado 8 de agosto del programa “Tolerancia Cero”, lo contradictorio que es el hecho de que “el delegado presidencial y los Seremis, o sea, personas que dependen del Gobierno central”, sean los que voten, mientras que los propios habitantes de la región de Coquimbo escogieron democráticamente a una gobernadora ambientalista hace algunas semanas.
Nuestra institucionalidad ambiental no había considerado que se diera la posibilidad de votaciones de este tipo mientras los procesos estén judicializados. Esta será la primera vez.
En 2017, Dominga fue rechazada por levantar una línea de base insuficiente, identificar y evaluar incorrectamente los impactos, y proponer medidas parciales frente a sus grandes consecuencias. Esto se suma a los deficientes análisis de los impactos sinérgicos.
Estas fueron solo algunas de las razones técnicas para que este proyecto fuera rechazado. Con esa misma información, este miércoles el proyecto será votado una vez más, pero por otro Gobierno.
Cuesta imaginar entonces que un proyecto como Dominga, con tantas deficiencias, siga siendo revisado en pleno 2021. Su aprobación, ante una crisis climática irreversible según lo señalado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), sería realmente confirmar su ruta de privilegios.
Biografías
César Astete Durán es el Director de Campañas de Pesquerías en Oceana Chile. Estudió Sociología en la Universidad de Concepción y ha desarrollado su vida profesional en el ámbito público, científico y en organizaciones de la sociedad civil. Su labor actual está relacionada con la restauración y recuperación de pesquerías emblemáticas como merluza común y anchoveta.
Liesbeth van der Meer es médico veterinario de la Universidad de Chile. Se unió a Oceana Chile en 2013, y desde 2016 ocupa el cargo de Directora Ejecutiva. Su trabajo se ha enfocado en la creación de parques marinos y sus planes de administración, mejorar la regulación de la industria salmonera en Chile, la recuperación de las principales pesquerías del país, y en concretar la creación de áreas marinas protegidas en zonas costeras en el Archipiélago Humboldt y en la bahía de Pisagua.
