Por Pamela Mayorga
En las últimas semanas han circulado una serie de publicaciones en prensa cuestionando negativamente los Espacios Costero Marino de Pueblo Originarios o ECMPO (Ley 20.249), y afirmando que son una amenaza para el desarrollo. Las críticas aluden a que los indígenas son unos ‘privilegiados’ por solicitar grandes espacios marinos para su gobernanza, advirtiendo que ello sólo generará pobreza y que se desaprovechará la riqueza contenida en sus recursos explotables, como si el mar sólo sirviera para eso: ser explotado y generar dividendos.
Estas lamentables afirmaciones alimentan la percepción negativa y prejuicios hacia las comunidades costeras en proceso de solicitud de ECMPO, y avivan conflictos entre pares: pescadores artesanales, comunidades indígenas, isleños e isleñas, sembrado la moción de que no hay posibilidades de cohabitar equitativamente, sino que todo se centra en competir y excluir. Son afirmaciones que abren, también, espacios para respaldar a industrias como la salmonicultura, que se benefician cuando se quiebra el tejido relacional local y se debilitan las posibilidades de defensa territorial.
Estas industrias, de hecho, implementan campañas comunicacionales que las enaltecen como actores altamente eficientes por las millonarias ganancias que logran, y altamente conscientes y preocupados de la crisis ecológica y alimentaria mundial, ante la cual aportan con alimentos producidos con buenas prácticas ambientales. Lo que no aparece en estas campañas es que, contrario a lo anterior, esta industria empobrece los espacios donde desarrolla sus operaciones y consume las funciones ecosistémicas de la naturaleza al destruirla para sostener su producción de salmones; mercancías destinadas a satisfacer la gula de consumidores ricos.
El año 2020 fue acogida nuestra solicitud de creación de la ECMPO “Islas Desertores y Costa de Chaitén”, con la que buscamos proteger 248.986,8 hectáreas para resguardar y preservar nuestra cultura, historia, prácticas y formas de vida que nos han sido traspasadas de generación en generación. Es un área grande que, en efecto, se condice con que en nuestro país los ECMPOs -declarados y solicitados- representan una superficie mayor a la que cubren las áreas protegidas marino-costeras, con lo cual se busca proteger extendidamente los usos consuetudinarios de los pueblos indígenas; esto es, usos basados en la costumbre y normativas tradicionales, contrarias al acaparamiento egoísta y la sobreexplotación.
Estas prácticas y consideraciones cosmogónicas son la base ética de los ECMPOs y, al aplicarse colectivamente, refuerzan las funciones ecosistémicas de la naturaleza, sino ¿cómo es que durante tanto tiempo los mares australes fueron tan pródigos en alimentos y biodiversidad? Además, muchos ECMPOs como Chaitén-Desertores han hecho múltiples esfuerzos para incorporar a todos los actores locales en la toma de decisiones sobre el uso y administración del espacio, porque de eso se trata todo: de buscar horizontes de desarrollo inclusivo, considerando que todos y todas -personas y también bosques de algas, peces, moluscos, y toda la infinidad de vidas con quienes co-habitamos- somos necesarios para lograr el bienestar común, la salud del territorio y la gestión eficiente del mismo.
Administrar un ECMPO bajo los principios que guían a las comunidades implica usar estrategias basadas en la seguridad alimentaria y respeto a todas las vidas, y -además- aportar a la adaptación al cambio climático. Son estrategias coherentes con la necesidad global de distribuir de mejor forma los alimentos, cooperar y cuidar de los demás; que es algo que no hace la industria salmonera, por más que invierta en comerciales costosos.
Afirmar que las comunidades indígenas son privilegiadas con el otorgamiento de ECMPOs es una ofensa que da cuenta, más bien, de los valores de quienes la emiten. Durante siglos las comunidades indígenas han sido excluidas de sus territorios, maritorios y toma de decisiones. Si hoy en día han vuelto a ser visibles, es porque la Ley 20.249 es muy distinta a las otras normativas existentes que, casi en su totalidad, se basan en la explotación y la competencia, o en la exclusión de otros. Pero las mentiras siempre terminan devolviéndose hacia quienes las emiten, y las comunidades indígenas tienen paciencia más que demostrada para esperar que ello se cumpla.
Las comunidades queremos desarrollo, claro que sí, pero uno sostenible, local, equilibrado y ético. La inversión debe tener pertinencia territorial y respetar los derechos ambientales y sociales de acceso a la tierra, al agua potable, a rampas, etc. Es decir, la inversión y el desarrollo debe garantizar que los habitantes de estos territorios vulnerados y postergados tengan acceso a fuentes de herramientas y recursos bien conservados, como los bancos naturales de peces o moluscos que son el sustento de nuestros pescadores artesanales y sus familias. Todos somos responsables de que esto ocurra así, por lo tanto, comunidades, sociedad civil, pescadores artesanales, municipios locales y todos quienes advierten la necesidad de recuperar el mar antes que sea muy tarde, son bienvenidos a sumarse a este desafío.
