Por: Tomás Moggia Cárdenas
A partir de su trabajo con Manomet Inc. en Bahía Lomas, uno de los sitios focales de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, y que alberga el sitio de invernada más importante para el playero ártico en toda Sudamérica, Diego Luna comenzó a indagar con suma preocupación en torno a los planes para desarrollar la prometedora industria del hidrógeno verde (H2V) en Magallanes.
Junto a un grupo de científicos y académicos de otras organizaciones e instituciones fueron poco a poco recolectando información dispersa que les permitió hacerse una idea del polo de desarrollo proyectado para la región: unos 10 proyectos a gran escala con enormes parques eólicos, algunos de los cuales pretenden emplazarse sobre o en el entorno directo de áreas críticas para varias especies, no solo para el playero ártico, sino que también otras como el chorlo de Magallanes y el canquén colorado, ambas en peligro de extinción. Pero además de los miles de kilómetros cuadrados cubiertos por aerogeneradores, muchas de las iniciativas de H2V contemplan infraestructura de todo tipo en zonas costeras: desalinizadores, hidrolizadores, puertos, caminos y viviendas.
“Nos dimos cuenta que había un severo problema, que era estructural, y que tiene que ver con el modelo con el cual se pretende impulsar el hidrógeno verde. Un modelo que es totalmente injusto desde lo territorial, que toma decisiones en cuatro paredes sin consultar a los territorios, y que básicamente lo que hace es traspasar las externalidades a las comunidades y los ecosistemas”, sostiene el especialista en Política y Gobernanza de Manomet Inc.
Desde una aproximación científica, Luna fue parte del grupo de investigadores que publicó una carta sobre el tema en la revista Science. A juicio de Luna, tanto el Estado, que es el principal impulsor de la industria del hidrógeno verde, como los desarrolladores y los gremios, están únicamente centrados en reducir las emisiones de dióxido de carbono. A esta miopía se le suele conocer con el concepto de “Carbon Tunnel Vision”, que no considera un acercamiento holístico hacia el desarrollo sostenible.
“No nos oponemos al hidrógeno verde. Creemos que es una buena tecnología para descarbonizar y lo valoramos como opción, pero lo que hemos hecho es levantar las alarmas sobre la forma en que se está desarrollando, particularmente en Magallanes”, explica Luna, quien también fue parte del grupo de más de 80 instituciones nacionales, científicos y líderes magallánicos que enviaron una carta al presidente Gabriel Boric para manifestar su preocupación por el modelo de desarrollo del H2V que pretende implementarse en la región austral.
“Nunca respondió la carta, lo que nos llamó mucho la atención porque el presidente Boric es magallánico, conoce muy bien la región y la problemática. Pero el tema empezó a flotar en la discusión pública y ahí se logró el primer impacto”, valora Luna, quien fue uno de los que lideró el proceso de nominación para designar en 2009 a Bahía Lomas como un sitio de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.
¿Qué te parece que el gobierno hable de transición energética justa mientras en el desarrollo de la industria del H2V no se abren espacios para contemplar la participación de las comunidades ni la vocación de los territorios?
La transición energética justa no es tal como está concebida hoy. Lo que estamos viendo más bien es una sustitución de fuentes. El despliegue de este tipo de desarrollo en el territorio no solo requiere de cientos de kilómetros de gigantescos generadores. La estepa magallánica es como el símil de la tundra ártica, y lo que estamos haciendo es tratar de impulsar esta escala gigantesca de hidrógeno verde en Magallanes con plantas desalinizadoras, hidrólisis en las costas, construcción de puertos, plataformas, caminos, líneas de alta tensión… esto podría cambiar la fisonomía de la región de Magallanes tal como la conocemos de modo irreversible. Cuando esto no se hace mediante un proceso con participación o condiciones mínimas, no es una transición energética justa.
La transición energética justa para el H2V es, desde nuestra mirada, un cuidadoso proceso de planificación, evaluación ambiental estratégica, consulta con las comunidades, pero lo que tenemos efectivamente no es transición energética justa. Se está impulsado esto como caballo desbocado. El desarrollo del H2V, que obviamente puede ser estratégico para Chile, no puede ser circunscrito a que termines ingresando proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La reflexión es que se habla del hidrógeno verde como una opción tecnológica para una transición ecológica justa, pero se termina perpetuando un modelo injusto donde quienes pagan los costos son las comunidades, los ecosistemas, los territorios. Es necesario alertar que la región de Magallanes y Tierra del Fuego podrían convertirse literalmente en una zona de sacrificio.
Otra variable súper crítica, que no tiene que ver necesariamente con lo ambiental y que es importante considerar, es que en el caso de Magallanes los desarrolladores no apuntan por el momento a utilizar el hidrógeno verde como vector energético, es decir, la producción que se proyecta en Magallanes es para producir combustibles derivados del hidrógeno, como amoniaco, que es más fácil y barato de transportar fuera de Chile en grandes barcos que cruzan los océanos alimentados por combustibles fósiles. Básicamente, lo que está en entredicho y lo que tiene que responder el gobierno tiene que ver con quiénes se ven beneficiados hoy exportando amoniaco desde Magallanes hacia Europa y Asia, y quién asume los sacrificios territoriales. Esto no contribuye en nada a la descarbonización del país. Es responsabilidad del Estado responder estas preguntas y generar las condiciones mínimas para resguardas las comunidades, los ecosistemas, los territorios, y en las actuales condiciones, el H2V está siendo altísimamente cuestionado por la opinión pública, cuando debería ser una tecnología que debería tener apoyo social. Muy por el contrario, el hidrógeno verde no cuenta con licencia social para operar en los territorios.
¿Qué elementos debería considerar esta licencia social para que el hidrógeno verde pudiese operar en Chile, y en Magallanes en particular?
Hay algunos elementos indispensables. Esto está siendo abordado a nivel de un comité interministerial que no considera la participación de las comunidades. Por otra parte, no hay un ordenamiento territorial mínimo necesario, no están los Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), tampoco hay ordenamiento indicativo donde se deban instalar estos proyectos, ni líneas de base sobre la cual contrastar o evaluar la magnitud de los impactos y formular medidas de mitigación. Es decir, en Magallanes, contra qué base se evalúan estos megaproyectos, o contra qué parámetros se va a calificar o generar la evaluación de manera integral. En el caso de Magallanes, subyace la pregunta en torno a qué escala y en qué emplazamiento es sustentable este hidrógeno verde, pero tal como está concebido hoy, no es sostenible. Es distinto si abro participación, genero asociatividad, hago un ordenamiento territorial, que si no es con los PROT, al menos con un ordenamiento territorial indicativo porque el reglamento de los PROT todavía no sale, entonces se podría realizar un ordenamiento indicativo con las capas de información existentes en los servicios públicos y organismos del Estado.
¿Urge una línea de base pública que esté a disposición de todos como para que los proyectos no terminen en un conflicto eterno y se judicialicen?
Mientras no exista participación de las comunidades, mientras no haya ordenamiento, líneas de base públicas para decidir emplazamientos de bajo impacto en ecosistemas y especies en peligro, es probable que los proyectos terminen rebotando en el SEIA, generen alta conflictividad y judicialización. El primer proyecto de H2V, que fue Faro del Sur, fue el primer gran fracaso, y demuestra lo que pasa cuando no se generan las condiciones habilitadoras mínimas para impulsar el hidrógeno verde en la región de Magallanes. Sin embargo, hay más proyectos de gran escala que se anuncian, entonces el pronóstico no es muy alentador. Y estamos muy preocupados por los efectos que esto pueda tener en especies en peligro.
El proyecto de Bahía Lomas lo hemos sostenido durante los últimos 12 años con mucha ciencia, es el área que tiene mayor ciencia desarrollada en todo Chile respecto de estas especies de larga migración, y a nivel global, uno de los principales impactos de la energía eólica, a través de la cual se pretende generar el hidrógeno verde, ocurre en la fauna voladora, con diversos tipos de impactos, donde los emplazamientos son determinantes. Si te emplazas en un sitio de reproducción, descanso y alimentación, puedes, literalmente, y no exagero con esto, empujar a una especie a la extinción, como es el caso del chorlo de Magallanes. Los últimos censos dan cuenta de poblaciones que están en torno a los mil individuos, una población muy vulnerable, al borde de la extinción. Y los desarrolladores están tomando decisiones de emplazamientos sin ningún tipo de evidencia científica, lo que es inaceptable desde el punto de vista de la ciencia, considerando la escala además, porque son mega proyectos, mega intervenciones, con impactos que incluyen fragmentación y destrucción de hábitats, contaminación lumínica y acústica, obstrucción al movimiento de especies como el chorlo de Magallanes por el efecto barrera que producen los aerogeneradores.
Es una situación realmente muy compleja, y que obviamente hay que revertir. Hoy ha ido permeando en la agenda pública que no se puede seguir adelante de esta manera avasallante. Ahora, una cosa es el discurso, pero mientras se hacen esfuerzos de ordenamiento y planificación qué pasa con los proyectos ya comprometidos a ingresar durante los próximos meses. Ahí hay un desafío en términos de cómo resolvemos este zapato chino, donde se han levantado millones y millones de dólares de inversión y donde el Estado subsidia de manera muy significativa la inversión. Pero tenemos que ser capaces de reaccionar a tiempo. Nos preocupa mucho que la región de Magallanes se termine convirtiendo en una zona de sacrificio en nombre del H2V y la descarbonización.
Uno de los estudios en los que se basa el desarrollo del hidrógeno verde en Chile proyecta que Magallanes podría producir el 13% del H2V del mundo a partir de energía eólica. ¿Ese mosaico de aerogeneradores podría desviar o truncar rutas migratorias?
Podría tener un efecto. Ahora mismo, estamos colocando etiquetas satelitales a individuos de chorlo de Magallanes. Hay información de los últimos años sobre eso, pero estamos aumentando el etiquetado de individuos para justamente ver cuáles podrían ser los efectos que podrían ocurrir en un escenario como éste. El principal impacto tiene relación con el lugar de emplazamiento de los aerogeneradores, que son verdaderas barreras para las rutas migratorias y los desplazamientos locales del chorlo de Magallanes. Y también hay alteraciones que tienen que ver con los ciclos de vida de las aves e impactos vinculados con colisiones. Pero el problema es la escala, en Chile existe desarrollo de energía eólica de manera significativa, pero lo que estamos hablando en Magallanes es de una escala concentrada en un territorio donde justo están estos ecosistemas, sin información para tomar decisiones. Desde la perspectiva del impacto, podría ser irreversible, o podría empujar literalmente a especies como el chorlo de Magallanes a la extinción. Tenemos que tratar de evitar llegar a ese punto.
¿Y qué te demuestra este caso de la infografía publicada fugazmente en Twitter sobre el hidrógeno verde, donde aparecían unas aves que decían que el H2V es bacán?
Eso muestra de alguna manera la disociación que existe entre el discurso sobre la transición energética justa y la realidad de los territorios. Ahí hay una disociación súper fuerte. Efectivamente, el hidrógeno verde para las aves no es bacán. El chorlo de Magallanes, que es esta especie que habita en lagunas salobres de poca profundidad, está justo en esa zona y estamos hablando de una población estimada de alrededor de mil individuos, una especie en peligro. Eso demuestra la disociación que existe al momento de generar e impulsar este modelo, y que se expresa de diversas maneras. En ese caso de la infografía, que duró apenas 20 minutos publicada, fue súper interesante cómo reaccionaron los usuarios en Twitter cuestionando el tema. Y es un indicador de lo mal que se están haciendo las cosas. Pero estamos esperanzados que se pueda enmendar el rumbo, porque las inversiones ya están, hay muchas apuestas en torno al desarrollo del H2V. O lo hacemos bien y esto se convierte en un polo de desarrollo diferente para Chile, o perpetuamos el modelo de sacrificio de los territorios, que es justamente lo que la transición energética justa debería cambiar y revertir.
Y hablando del mismo modelo, pero de otro territorio, ¿qué te parece lo que ha estado sucediendo con el proyecto de Puerto Exterior de San Antonio?
Lo que hemos cuestionado en primer término es el diseño del proyecto. Hoy en día, es un proyecto que básicamente le da la espalda al territorio y que no es capaz de integrarse ni con la comunidad local, ni con los Ojos de Mar, ni con el Santuario de la Naturaleza de la desembocadura del río Maipo. Hay un problema severo de diseño. Las soluciones existen, pero eso implica rediseñar el proyecto, invertir más. Se llevó adelante un diseño de un puerto de manera tradicional en un territorio de alta complejidad. Eso no conversa.
Del proceso de evaluación ambiental, lo que hemos señalado desde el día uno con una coalición de organizaciones es que el proyecto tiene que ser retirado de evaluación. Es un proyecto mal concebido, y no solo en el diseño, sino que también en la información. Tiene una cantidad de brechas que no van a poder ser subsanadas a lo largo del proceso. Está tan mal diseñado y concebido, que por más que se arregle en el tiempo, creemos que no va a poder tener éxito. Hay varios elementos desde el punto de vista de los impactos, pero quiero destacar uno: estamos en la Adenda 1 con este proceso detenido por 15 días para que las comunidades puedan hacer observaciones en estos estudios de 12 mil páginas, lo que es inentendible, y se sigue señalando que el proyecto no genera impacto significativo en el Santuario. Y ahí hay un tema medular. Cuando se ingresó el proyecto la empresa portuaria no reconoció la existencia del Santuario, y después dijeron que legalmente no estaba decretado, cuando en verdad el acto de aprobación del Consejo de Ministros ya es un elemento, independientemente que la resolución se publique después. Entonces el proyecto partió no reconociendo la existencia del Santuario, y hasta hoy lo que ocurre es que asociado a los milagros de la infraestructura portuaria, una infraestructura de ese porte, instalada justo donde pretende ser instalada, según el proponente no genera impacto significativo en el estuario, y eso es apenas una de las aristas que demuestra que el proyecto debe ser retirado de evaluación ambiental, debe ser rediseñado para que se integre con el territorio, y debe tener la información de base mínima, que hoy está siendo parchada en el camino. Hoy tenemos una Adenda de 12 mil páginas que ni siquiera los servicios públicos pueden entender.
