El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, emitió la resolución que contiene los argumentos técnicos y científicos que llevaron a la instancia ministerial a rechazar de manera unánime el proyecto minero portuario Dominga en enero de este año.
El documento, de más de 200 páginas, condensa una serie de deficiencias que la iniciativa de Andes Iron no superó durante el proceso de evaluación ambiental, y que ya le habían llevado a ser rechazada en 2017. De hecho, la resolución establece que luego de revisar los argumentos “el proyecto Dominga, cuyo proponente es Andes Iron SpA, no podrá ejecutarse”.
“La resolución es absolutamente contundente tanto desde una perspectiva jurídica como científica. Esto demuestra que el proyecto fue evaluado de manera deficiente, faltando requisitos tan básicos como una correcta definición del área de influencia y línea de base mínimamente sólida, así como ignorar el impacto permanente que causará en el acuífero Los Choros”, aseveró Antonia Berríos, abogada de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.
Entre los argumentos más contundentes que justificaron el rechazo del proyecto Dominga, la resolución expone deficiencias graves de información sobre el medio marino, como son la presentación de un “área de influencia incompleta” que no consideró las amenazas del proyecto sobre las especies protegidas; la entrega de un “inadecuado e incompleto levantamiento de línea de base de cada especie”, en especial de aquellas en peligro; tampoco consideró la afectación a las especies por el tránsito marítimo y las obras del proyecto, ni tampoco identificó ni evaluó los impactos que la planta desaladora tendría en las áreas de manejo de los pescadores artesanales.
“El pronunciamiento del Comité de Ministros viene a corroborar lo que hace años venimos exponiendo desde el mundo científico, deficiencias graves y que dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este. Los argumentos dan cuenta además que un proyecto como este habría alterado irreversiblemente la biodiversidad y actividades económicas tan importantes como lo son la pesca y el turismo en la zona”, señaló la Directora Ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer.
Otro de los temas que mayor preocupación generaba en las comunidades locales, era los impactos que la minera tendría sobre los recursos hídricos, preocupación que fue acogida por el Comité de Ministros asegurando que Andes Iron no se hace cargo de la posible afectación a la calidad y disponibilidad del agua en un sector con evidente vocación agrícola.
“La decisión del Comité de Ministros es coherente con lo que ha sido todo el proceso de evaluación y que tiene que ver con la afectación irreversible a la fuente de agua de las comunidades locales que podría tener la ejecución de un proyecto de la envergadura de Dominga, que además presentó una medida de compensación que no está probada ni se condice con la naturaleza del territorio”, afirmó Alejandra Donoso, abogada de Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera; el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros.
La resolución emitida por el SEA, igualmente, dio cuenta de los impactos en el aire, y se afirma que no fueron debidamente considerados los efectos del material particulado sedimentable sobre el medio ambiente y la salud.
De todas formas, el informe precisó que «en contra de la presente resolución, se podrá reclamar dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental competente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 N° 5 de la ley Nº 20.600, sin perjuicio de ejercer cualquier otro recurso que los reclamantes estimen oportuno».
En ese sentido, Andes Iron anunció que recurrirán a Tribunales Ambientales. «Esta instancia analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos confiados en que los organismos técnicos resuelvan conforme a derecho», expresó la empresa en un comunicado.
Por otra parte, agregaron que “resultan sorprendentes los argumentos utilizados por el Comité de Ministros, quienes se refieren a una serie de temas que ya fueron resueltos por la justicia ambiental, la que establece que Dominga cumple a cabalidad con la normativa vigente, y no aportan ningún antecedente que no haya sido tratado y zanjado previamente por todas las instancias técnicas”.
El proyecto minero portuario Dominga fue rechazado en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero la empresa decidió judicializar el caso. Desde entonces, y luego de dos instancias en el tribunal ambiental y en la Corte Suprema, esta última derivó la decisión al Comité de Ministros, que en esta oportunidad, recayó en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, instancia que en enero de 2023 votó de manera unánime el rechazo al proyecto.
"El pronunciamiento del Comité de Ministros viene a corroborar lo que hace años venimos exponiendo desde el mundo científico, deficiencias graves y que dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este"
